Las reuniones sostenidas con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la compensación de precios, es el inicio de un proceso que la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y las cámaras departamentales vienen impulsando para modificar el Decreto Supremo 181, que impide realizar el reajuste de precios ante el alza de costos de los insumos en este rubro.

“A partir de este ejercicio y la aceptación del Ministerio de Finanzas, seguramente habrá la apertura para otros proyectos que también están con las mismas dificultades”, dijo el presidente de Cadeco Cochabamba, Franklin Pérez, refiriéndose al incremento de precios en el material y mano de obra.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación en el índice de costos del rubro de la construcción ascendió a un 13,5 por ciento entre los doce meses a septiembre de 2011.

Las conversaciones iniciaron hace un mes y medio, y se espera que a principios de febrero haya respuesta positiva.

Los representantes del sector señalan que dichos ajustes son considerados en varios países de Latinoamérica, entre éstos Perú, Argentina, Venezuela y Chile, y que en Bolivia ya existen antecedentes en la norma desde el año 1982 y algunos más recientes aplicados el año 2008, en obras como Misicuni y el estadio Patria, entre otros.

En noviembre del año pasado, la ABC resolvió rescindir el contrato suscrito con la Asociación Accidental Brabol, por incumplimiento en la construcción del tramo II de la ruta Oruro-La Paz. Tras la rescisión, la primera licitación fue declarada desierta. “Ya han licitado la obra con un incremento de precio y nadie se presenta porque las sanciones son muy duras. Entonces eso ya es un reconocimiento explícito de que realmente han subido las cosas”, señaló el gerente general de Cadeco, Francisco Ardaya.

“No se está pidiendo nada raro, porque se conoce en todos los lugares que debido a la variación de precios de los insumos debería haber un reconocimiento al constructor”, señaló el asesor técnico de Cadeco, Marcelo Vargas.

La norma fue emanada desde el Ministerio de Obras Públicas; sin embargo la revisión y consideración de las peticiones debe ser definida junto al Ministerio de Finanzas, según dijo Pérez.