LA ABC PRESENTÓ A BOLIVIA SU RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2023 DESDE YUCUMO -BENI
PRENSA ABC 14-04-2023/ La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), dando cumplimiento a la normativa vigente que transparenta la Gestión Pública de las entidades del Estado, llevó a cabo la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial, Gestión 2023 (hoy viernes 14 de abril), en la localidad de Yucumo, municipio de San Borja, del departamento del Beni; en la cual, las Gerencias Técnica, Financiera y Jurídica dieron a conocer las acciones planificadas para la presente gestión.
El evento contó con la participación de Gerentes Regionales, representantes del Transporte Nacional, Departamental y local, Organizaciones Sociales, además se dispuso el despliegue técnico que permitió la interacción de las Regionales de la ABC en los 9 departamentos, con la habilitación de salas de retransmisión de la audiencia, donde asistieron además representantes de organizaciones sociales de forma presencial, aportando a la transparencia de la actividad.
El Presidente Ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras, Henry Nina, a tiempo de dirigirse a toda la población en el evento de transparencia, indicó que esta gestión 2023 El Presidente Luis Arce priorizó la conclusión de carreteras en todos los departamentos, por el bien de la integración y la estabilidad económica.
“Vamos a ejecutar 263,8 kilómetros esta gestión, estamos avanzando en varios proyectos porque nuestro Presidente Lucho y nuestro Vicepresidente David, dieron prioridad para la construcción de nuevas y modernas carreteras en los 9 departamentos, para seguir trabajando por la reactivación económica, con la generación de empleos y la integración de todo el país”, mencionó.
La ABC, para la gestión 2023 tiene un presupuesto asignado de Bs. 5.635.294.080 que serán invertidos en Construcción, Conservación Vial, Proyectos Nuevos, inversión planificada y proyectada en la construcción y conservación de carreteras que conforman la Red Vial Fundamental.
Al inicio de la gestión 2023, se tienen 76 contratos vigentes de obra, 21 en ejecución o gestión de inicio de obra, 12 contratos de los 21 en ejecución concluirán en esta gestión, de la misma manera, 12 proyectos serán iniciados en la presente gestión, con un total de 263,80 kilómetros de longitud.
Son 8 proyectos carreteros a ser concluidos en esta gestión 2023, en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando, Potosí, Tarija y Chuquisaca, con un total de 605,96 kilómetros y además de 22 puentes, con un total de 1,93 kilómetros.
Entre los proyectos a concluir figuran la doble vía Huarina – Tiquina, la construcción de 22 puentes en el Tramo: San Buenaventura-Tumupasa-Ixiamas; la construcción del tramo central doble vía El Sillar; la carretera Monteagudo-Ipati, entre otros.
El Plan de Conservación Vial 2022-2023 tiene como objetivo permitir la transitabilidad permanente y segura en la Red Vial Fundamental (RVF) a través del mantenimiento y conservación de las carreteras del país, en esta área vienen trabajando 496 microempresas a nivel nacional (PROVIAL), 9 proyectos de rehabilitación en ejecución, 1 proyecto de prevención de desastres, 1 proyecto administrado por conservación vial para la conservación de los 75 tramos que conforman la Red Vial Fundamental.
Con la contratación de 496 microempresas (Pro-vial) que realizan trabajos de conservación en carreteras de la Red Vial Fundamental (RVF) del país, para tener caminos seguros y transitables, la ABC generan 3.253 empleos dignos y directos en áreas rurales de país.
La rendición pública de cuentas se realiza en cumplimiento al artículo 241, parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley N°341 de Participación y Control Social y la Ley N°974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como parte de un proceso continuo para mostrar resultados de la gestión pública a la sociedad civil.
La Constitución Política del Estado, artículo 241, parágrafo II, dispone que la sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.
